La tercera temporada de “El encargado” ya está disponible en la pantalla chica, y con ella surge la pregunta: ¿cómo logran las productoras filmar en edificios residenciales? ¿los consorcios hacen buenos acuerdos?
Luego de dos exitosas temporadas y coronarse como una de las series más vistas de la Argentina, El encargado, la ficción protagonizada por Guillermo Francella en la piel de Eliseo, vuelve a la pantalla chica con su tercera parte. Este viernes 19 de julio, la producción que capturó la atención de la audiencia, por su intrigante trama y humor negro, se reencuentra con su público con nuevos capítulos. Además de su narrativa que cautiva a sus fanáticos, otro protagonista emergió en la serie: el edificio que sirve como escenario principal de la trama.
Ubicado en la calle Arribeños al 1600, en el barrio de Belgrano, la particular propiedad se reconoce a simple vista. Pero, la gran pregunta que surge cuando se la puede ver es: ¿Cómo logran las productoras de televisión y cine filmar en edificios de viviendas? ¿Qué acuerdos son necesarios para hacer esto posible?
Estos interrogantes se dan porque, a diferencia de otras series de televisión que se filman en interiores armados especialmente para la ficción, El encargado se apropió de una locación real en plena ciudad de Buenos Aires.
“Cuando se filma en un edificio, primero se debe diferenciar entre los espacios a utilizar. En los casos donde se graba en áreas de dominio particular, como departamentos o locales, es suficiente con el consentimiento del propietario”, explica Federico Chiesa, abogado especialista en propiedad horizontal del estudio Chiesa & Asociados.
Sin embargo, la situación difiere cuando se trata de áreas comunes del edificio, como el frente, el hall de entrada, los ascensores o los amenities. “En estos casos, el consorcio debe presentar la propuesta a la asamblea de propietarios, ya que cualquier decisión que afecte las áreas comunes debe ser aprobada por mayoría”, agrega el abogado.
Una vez obtenida la aprobación, se firma un contrato que detalla los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas. “Aunque estos acuerdos suelen ser de naturaleza locativa onerosa, lo esencial es que su contenido esté claramente definido para evitar futuros conflictos”, aclara Chiesa. Y agrega que “en caso de desacuerdo, cualquier propietario que sienta vulnerados sus derechos puede recurrir a instancias legales, aunque este camino puede ser arduo y requiere la demostración de un daño concreto”.
Por su parte, Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, añade un punto crucial a tener en cuenta en estos casos: “El consorcio es una persona jurídica, por lo tanto es la propietaria de todos los derechos, por lo que tiene derecho a cobrar por el uso de la imagen. Este pago es un acuerdo entre las partes, no hay nada establecido”.