Es uno de los temas que pica en punta en la agenda 2020 pero aún hoy muchos argentinos que hablan y defienden una u otra postura no tienen clara la distancia entre los dos términos.

Hace tiempo, después de la economía y la seguridad, el ABORTO es EL tema que debate y manifiesta en voz alta la sociedad. Pañuelos simbólicos por acá, pauelos simbólicos por allá. De un color o el otro. Con más o menos ruido. Lo fundamental y que trasciende cualquier tipo de dicotomía, es que discutir los derechos de la mujer implica un avance de época. 

Sin embargo, en el debate que el país sostiene sobre el proyecto para regular la práctica que permite la interrupción voluntaria del embarazo, muchos hablan de legalizar o despenalizar por igual, como si ambos conceptos fueran sinónimos. Error. Y no es solo una cuestión semántica. En el aspecto jurídico implican cosas distintas.

La jurista argentina Aída Kemelmajer de Carlucci explicó que despenalizar es eliminar una figura del Código Penal de una nación. En cambio, legalizar implica que el Estado deba generar las estructuras para que esa conducta lícita pueda ser realizada.  

Es decir, despenalizar el aborto significaría solo eliminar artículo 86 (y sus incisos) del Código Procesal Penal (CPP), que tipifica al aborto como un delito y estipula lo que se conoce como “aborto no punible”, es decir, los casos en los que no se puede penalizar a la mujer por interrumpir su embarazo. 

El proyecto que ya presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito prevé en su quinto artículo que “el sector público de salud, las obras sociales (…), las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales (…) incorporarán como prestaciones médicas básicas obligatorias a brindar (…) la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo (…) en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda”.  

¿Qué significa eso entonces? Estamos hablando de legalización. Porque establece que inclusive en los hospitales públicos garanticen este ejercicio de lo que se considera un derecho de las personas gestantes. Esto también supone que a futuros médicos y médicas se los deba educar en las universidades para que sepan practicar una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras y sin riesgos de vida para la mujer.  

Cuestión saldada. No hablemos sin saber.