El presidente Alberto Fernández anunció el envío de un nuevo proyecto de ley para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

Los rumores sonaban por los pasillos de la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. La Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, lo había mencionado hace una semana en televisión. Pero fue ayer, pasadas las 16 que el Presidente, vestido con corbata verde, apareció ante las cámaras por redes sociales para confirmar el envío a la cámara de diputados para que se trate en sesiones extraordinarias el proyecto de ley para la Interrupción voluntaria del embarazo.

“Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido de que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo. La criminalización del aborto de nada ha servido” afirmó Fernández en su anuncio, cumpliendo su promesa de campaña.

De la misma manera que el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tratado en 2018, se garantiza el derecho a interrupción voluntaria con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive.

Superado ese plazo, el proyecto solo contempla la interrupción en dos casos puntuales: a) si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida. b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

En relación a las diferencias de proyecto de la Campaña Nacional, el presentado por el ejecutivo establece que la práctica debe realizar con un plazo máximo de DIEZ (10) días corridos, cuando el de la Campaña establecía el plazo máximo en CINCO (5) días corridos. Pero la principal diferencia es que el texto presentado por el Presidente, establece la “objeción de conciencia”.

El proyecto establece: “El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá: mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión. a) Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. b). Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica”.

De esta manera, Alberto Fernández cumple con su promesa a pesar de algunas críticas por parte de integrantes de su propio partido, como el caso del Senador Mayans quien afirmó que este “no es el momento” para tratar el proyecto. El presidente sostuvo que la criminalización “solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa».

En este sentido, cerró su mensaje haciendo referencia a su postura personal sobre el tema: “Por convicción personal, estoy seguro de que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Que sea ley”.