En medio de las preocupaciones que invaden el panorama nacional, el sistema de salud se erige como uno de los temas de mayor interés en la actualidad. 

Diversos medios de comunicación han dejado al descubierto las dificultades que enfrenta el sistema, desde su financiamiento, los actores profesionales, y hasta las instituciones que lo componen. Sin embargo, también deben ser incluidos el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ya que ambos encuentran un común denominador: el financiamiento del sistema en sí mismo.

Vivimos en un país que aspira a contar con un sistema de salud universal y solidario, pero los costos asociados a las nuevas tecnologías, medicamentos y ampliación de coberturas no están acorde con los recursos disponibles para la atención según las normativas vigentes. Como resultado, son los ciudadanos quienes pagan la cuenta a través de incrementos en sus gastos de bolsillo. El plus médico y las demoras en los turnos de atención se han convertido en moneda corriente, mientras que la falta de profesionales en las cartillas de las obras sociales y la falta de cumplimiento de los derechos establecidos en las normas y regulaciones agravan aún más la situación.

De un total de 288, solo 44 Obras Sociales Nacionales están en condiciones de cumplir con las reglamentaciones y prestaciones del PMO (Plan Medico Obligatorio). Y del total de Empresas de Medicina Privada (654) que permanecen inscritas en el Organismo de Control de la Superintendencia de Seguridad Social (SSS) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, sólo 21 detentan el 89 % de los beneficiarios adheridos.

Esta información, expresa, entre otras cosas, el proceso de concentración del sistema en pocas instituciones, poniendo al resto en situación de no sustentabilidad en el corto y mediano plazo: 6 de cada 10 afiliados no pueden sostener el precio de las cuotas y buscan cambios de planes más económicos, o cambios de empresas, sobre todo en las empresas que lideran el ranking, por sus elevados precios por personas o grupos familiares.

Las entidades Colegiadas Profesionales expresan bajas en las listas de sus asociados para atención de las obras sociales y prepagas en un 15%. La CGT, expresa un desfinanciamiento de cientos de miles de millones para 2023. Como parte de las PyMe en las prepagas, agregaría que no es lo mismo las dificultades que afrontan nuestras empresas, con las que lo hacen las grandes empresas y corporaciones.

Existe una agenda común sin lugar a dudas, pero en nuestros casos, con escalas inferiores en precio y volumen de asociados o afiliados, nos demanda una especial específica, que debemos abordarla de manera colectiva como sector. Acceso a precios especiales de nuevas tecnologías, medicamentos, herramientas y servicios informáticos, más y mejor gestión operativa de nuestras empresas para ser más eficientes y sustentables.

En las PYMes no resolveremos solo con ajustar los precios que se actualizan permanentemente, sino con un gran esfuerzo, atención y profesionalismo en la gestión de los costos. Existen Propuestas desde todos los sectores, en la mayoría hay coincidencias de cómo abordarlo, es menester que el Estado y cada uno de los actores que conformamos el llamado Mundo de la Salud conformemos una Mesa de consensos de manera perentoria, con el tiempo suficiente para evitar que estas dificultades y crisis que asistimos no sean más complejas aún, y pongan en riesgo un derecho constitucional como la salud de los argentinos.

Por Mario Koltan, Presidente de Boreal Salud